El precio actual del arroz paddy verde, entre 170.000 y 185.000 pesos por carga de 125 kg, no cubre los costos de producción. Los productores exigen establecer un precio mínimo de entre 205.000 y 220.000 pesos y acceso a subsidios o financiamiento.
Las protestas implican bloqueos intermitentes de seis horas cerrado por una de apertura en vías estratégicas como Bogotá–Villavicencio, Neiva–Saldaña, Aguazul–Yopal y Lorica–Cereté, entre otras rutas clave en los departamentos afectados.
Áreas más afectadas
En Tolima se reportaron cierres en Saldaña, Espinal, Chicoral y Lérida. En Huila hubo bloqueos en Campoalegre y peaje Neiva–Bogotá. En los Llanos, se destacan puntos en Llano Lindo. También hay afectación en Casanare, Córdoba, Meta, Sucre, Cesar, Arauca y Santander.
El precio al productor cayó un 11,8 % en 2024 y hay un exceso de inventario cercano a 535.000 toneladas, un 68 % por encima del promedio de la última década, lo que agrava la crisis.
Reacción del Gobierno
El Ministerio de Agricultura propuso una resolución que establece libertad regulada de precios con un mínimo garantizado por región. Aunque hubo anuncio de instalación de mesa de diálogo el 17 de julio, los gremios afirman que no fue convocada por el Gobierno directamente y no incluiría a todos los representantes.
Los arroceros exigen la presencia de altos funcionarios del Gobierno: ministros de Agricultura, Comercio, Ambiente, Hacienda y la Superintendencia. Sin garantías de diálogo real, anuncian endurecimiento del paro con bloqueos de hasta 10 horas y aperturas reducidas.
Retos logísticos y movilidad
Los bloqueos han atrapado a transportadores en puntos como el túnel de Boquerón y la vía al Llano, complicando el transporte de carga y pasajeros en la región oriental.
La protesta genera demoras en el abastecimiento de alimentos y pérdidas económicas para cientos de familias campesinas, que estiman pérdidas de 2,5 a 2,8 millones de pesos por hectárea cosechada.
El paro arrocero continúa sin indicios de desmovilización mientras persista el rechazo a las condiciones actuales. El conflicto refleja una profunda crisis en el sector, con productores exigiendo compromisos claros y participación directa del Gobierno para evitar más afectaciones sociales y económicas.