La Defensoría del Pueblo encendió las alertas en el departamento del Huila por el preocupante aumento en los casos de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales. Según las autoridades, esta práctica delictiva, que vulnera de manera grave los derechos de niños, niñas y adolescentes, está tomando fuerza en zonas rurales y apartadas de la región.
De acuerdo con las cifras compartidas por la Defensoría, el número de menores reclutados ha aumentado de manera significativa. Aunque se reconoce que existe un subregistro debido al temor de las familias para denunciar, los reportes oficiales evidencian una tendencia creciente. En 2024 se documentaron 13 casos en el Huila, y en lo que va corrido de 2025, el panorama continúa siendo alarmante.
El defensor regional del pueblo en el Huila, Wilfred Trujillo, indicó que el fenómeno no solo se limita a las zonas más alejadas del departamento, sino que también se está presentando en lugares cercanos a los cascos urbanos. “Hay una estrategia sistemática por parte de los grupos armados organizados para vincular menores a sus filas. Utilizan engaños, promesas falsas e incluso amenazas para lograr su propósito”, aseguró el funcionario.
Además, se identificó que los grupos delincuenciales estarían aprovechando la vulnerabilidad de las comunidades campesinas e indígenas, donde la presencia del Estado es limitada. “Estas estructuras criminales se están infiltrando en contextos familiares debilitados por la pobreza, la falta de oportunidades y la desprotección institucional”, agregó Trujillo.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para que refuercen las acciones de prevención, protección y atención integral a los menores de edad. También se insistió en la necesidad de que las instituciones educativas, líderes comunitarios y organizaciones sociales se articulen para identificar y frenar estas prácticas criminales.
Finalmente, se reiteró la importancia de que las comunidades denuncien de manera oportuna cualquier indicio de reclutamiento forzado. La coordinación entre los entes territoriales y la fuerza pública será clave para contener esta problemática y garantizar los derechos de la niñez en el departamento.